AUTOR ANÓNIMO
INTRODUCCIÓN
Bolivia ha experimentado una profunda revolución, la emergencia masiva de bolivianos y bolivianas con derechos de todo tipo, más o menos reconocidos, aunque difícilmente garantizados. Gracias a este cambio inconcluso han dejado de ser objetos de poder para transformarse en sujetos de derechos y de poder, sin embargo, ha estado sometida, a la tensión entre una dimensión normativa e ideal y la experiencia concreta de las prácticas ciudadanas reales, entre una ciudadanía imaginada y otra real, entre el reconocimiento universal de los derechos y el ejercicio limitado de los mismos, así como a la falta de garantías institucionales para ejercerlos.
No hemos tenido un vigoroso movimiento liberal interesado en impulsar los derechos civiles y concretarlos mediante instituciones encargadas de velar por la universalidad de la ley.
En Bolivia tampoco existe una tradición cultural e intelectual interesada en fomentar y analizar las prácticas ciudadanas. Ni la familia, ni la escuela, ni la sociedad civil, ni las instituciones estatales han sido, ni son, aquí espacios adecuados donde los/as bolivianos/as podamos aprender a cultivar ciudadanía. Muchos/as bolivianos/as hemos aprendido algunas virtudes cívicas no en esos espacios institucionales, sino en la calle o en el campo, esto es, en los movimientos de protesta social.
El poco interés que tienen las instituciones estatales y las élites políticas y militares en respetar nuestra condición ciudadana y explica también el hecho de que los/as bolivianos/as no la tomemos en serio y no estemos siempre dispuestos a hacerla respetar.
La emergencia de la ciudadanía supone un cambio en las relaciones de autoridad, en las que los/as gobernados/as reivindican y desarrollan un conjunto de derechos y responsabilidades frente a los/as gobernantes, que terminan aceptándolos.
En la actualidad, el problema ya no radica en la necesidad de fundamentar los derechos, sino en la de garantizarlos para que ellos se traduzcan efectivamente en prácticas ciudadanas. Un derecho existe en la medida en que el Estado lo garantiza, apelando incluso al monopolio del uso legítimo de la fuerza para concretarlo.
Los derechos comienza como ideas en la cabeza de los filósofos o demandas en los puños de algunos grupos sociales contestatarios, adquieren positivación cuando alguna asamblea legislativa transforma esas ideas y demandas en leyes, asumen un carácter universal cuando los Estados pertenecientes alas Naciones Unidas aceptan y firman la vigencia de los derechos humanos (1948), comprometiéndose cada Estado miembro a garantizarlo, y se convierten, con la globalización, en derechos ciudadanos universales que comienzan ser garantizados no sólo por cada Estado particular, sino también por los organismos internacionales, dando lugar a la aún incipiente ciudadanía cosmopolita.
Existe una prioridad de los derechos sociales que obedece no a la abundante riqueza en la que pueden participar las clases populares, como sucedió en la Europa de este siglo, sino, por el contrario, debido a la pobreza extrema y a las discriminaciones y desigualdades sociales, que imponen sus propias urgencias.
Las deficiencias en la formación de la ciudadanaza en Bolivia se expresan en la acentuada desigualdad de ésta, que hace que unos peruanos sean más ciudadanos que otros. En el acceso desigual al conjunto de los derechos civiles, políticos y sociales, lo que determina una alta inconsistencia ciudadana, así como la existencia de diversas brechas ciudadanas: sociales, regionales, rural urbanas, de género y étnicas. No es la pobreza de los países la que genera inestabilidad, sino el deseo de los mismos de enriquecerse.
Una sociedad justa no busca promover fines particulares, sino que capacita a sus ciudadanos/as para perseguir sus propios fines dentro de una similar libertad para todos; ella debe gobernar, por consiguiente, siguiendo principios que no presuponen alguna concepción particular del bien.
El derecho tiene prioridad sobre el bien en dos sentidos: primero, la prioridad de los derechos significa que los derechos individuales no pueden ser sacrificados a causa del bien general – lo que va contra el utilitarismo – y, segundo, significa que los principios de justicia que especifican estos derechos no pueden basarse en una visión particular de la buena vida.
La estabilidad de una democracia moderna depende no sólo de la justicia y de su estructura básica, sino también de las responsabilidades y actitudes de sus ciudadanos/as, de su sentido de identidad y de su tolerancia, de su aceptación de las diferencias, de su deseo de participar en el proceso político para promover el bienestar público y elegir autoridades políticas responsables, de su voluntad de automoderación y responsabilidad personal en sus demandas económicas, en sus decisiones y en sus actividades que pueden afectar su salud y el medio ambiente. Sin ciudadanos/as que posean estas cualidades, las democracias se vuelven no sólo difíciles de gobernar sino también inestables.
Es necesario desarrollar la ciudadanía activa: los neoliberales sostienen que el mercado es el mejor espacio para forjar a los/as ciudadanos/as responsables, la izquierda y las feministas afirman que la participación política en un Estado descentralizado es ese espacio adecuado, los liberales sostienen que es la escuela el mejor espacio para enseñar un conjunto de virtudes cívicas. El otro tema de debate ha sido la forma cómo la universalidad de la ciudadanía una comunidad política y el trato igual a través de las mismas leyes puede coexistir con las diferencias.
La ciudadanía produce sus propias desigualdades cuando pretende imponer su universalidad mediante la homogeneización de las diferencias y sugiere el reconocimiento de éstas para dar lugar a ciudadanías diferenciadas.
Los campesinos liberados del yugo gamonal no se vincularon directa e individualmente con el Estado sino a través de las sociedades agrarias de interés social, las cooperativas, las comunidades y otras organizaciones agrarias.
¿La sustitución de las relaciones comunitaristas por las individualistas obedece a una sucesión de etapas en la formación de la ciudadanía en Bolivia? ¿O expresa más bien una tensión entre dos tipos de ciudadanía?
Son quizá los hombres y las mujeres que han vivido en el campo bajo diversas formas de relaciones de servidumbre los que han sentido los más profundos cambios en sus vidas: en su trabajo, que ya no depende del gamonal; en sus viviendas, que ya no forman parte del racho de la hacienda; en sus relaciones con la autoridad, que ya no es el gamonal ni su mayordomo; en su sentido de pertenencia a la comunidad, que ya no es la localidad; en la libre disponibilidad de sí mismos, que antes les era negada. Han cambiado sus hábitos, costumbres y estilos de vida, pero mantienen probablemente algunos valores y actitudes que denuncia la presencia cultural de la oligarquia y del gamonalismo en su mundo interior. Esos valores y actitudes, junto con los traumas, temores y complejos, constituyen las barreras subjetivas que nos impiden considerarnos y tratarnos como iguales. Los/as bolivianos/as hemos logrado derribar, en gran medida, algunas barreras objetivas como la cuestión agraria, las relaciones de servidumbre, la estratificación de status y, parcialmente, la discriminación racial, pero mantenemos otras, también de carácter objetivo, como la opresión indígena, la servidumbre doméstica y las diversas brechas ciudadanas, y, sobre todo, hemos erigido, como cárceles internas, las barreras subjetivas que limitan nuestra condición ciudadana.
Las desigualdades que produce la propia ciudadanía, el papel de la ciudadanía en el cambio de las relaciones de desigualdad y, finalmente, la forma como ésta y especialmente la pobreza determinan un acceso diferenciado a los derechos y a las prácticas ciudadanas.
Las desigualdades que produce la propia ciudadanía, el papel de la ciudadanaza en el cambio de las relaciones de desigualdad y, finalmente, la forma como ésta y especialmente la pobreza determinan un acceso diferenciado a los derechos y a las prácticas ciudadanas.
Al buscar homogeneizar las diferencias de diverso tipo para imponer su universalidad – una dignidad igual para todos, la pertenencia a la misma comunidad política y el trato igual para todos a través de las mismas leyes, termina produciendo ciudadanos/as de primera y segunda clase. Los/as ciudadanos/as de segunda clase sólo acceden a una maltrecha e inconsistente ciudadanía liberal.
La desigualdad social, especialmente de la pobreza, en el acceso a los derechos y a las prácticas ciudadanas. Existe una alta relación inversa entre la pobreza y los niveles y la consistencia de la ciudadanía y una relación directa entre la pobreza y las brechas ciudadanas. Las personas y los distritos más pobres, especialmente los de extrema pobreza, tienen un menor nivel de ciudadanía y una menor consistencia ciudadana. Esas personas son generalmente ciudadanos/as de segunda clase con una alta inconsistencia ciudadana, esto es, personas que no acceden por igual a los derechos y prácticas ciudadanas. Los distritos más pobres presentan también las más altas brechas ciudadanas y los menos pobres las más bajas brechas.
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